Supertransporte investiga fallas en control contra lavado de activos

El sector transporte se encuentra bajo nuevos estándares de supervisión, tras la creación del Comité de Supervisión de Cumplimiento del SARLAFT y de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, por parte de la Superintendencia de Transporte.

Esta instancia técnica busca reforzar el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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Las empresas que incumplan con la aplicación adecuada del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (SARLAFT)  podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como lo establece el artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

La norma aplica a un amplio espectro de actores del sector, incluyendo transporte público de carga y pasajeros, concesionarios de infraestructura, operadores portuarios, centros de diagnóstico y enseñanza automovilística, entre otros.

La Resolución 2328 de 2025 detalla los requisitos que las entidades vigiladas deben cumplir: contar con políticas institucionales ajustadas a su realidad operativa , disponer de estructuras organizativas acordes al nivel de riesgo, tener códigos de ética definidos y garantizar reportes periódicos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

“Muchas organizaciones del sector aún no dimensionan los riesgos legales y reputacionales de no implementar el SARLAFT correctamente. No basta con tener un manual: se necesita una cultura real de cumplimiento ”, explicó Juan Manuel del Corral, vicepresidente de negocio de Cadena.

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El propósito de la medida no solo es controlar, sino fomentar una transformación interna en las empresas del sector. Un enfoque preventivo y estructurado permite identificar vulnerabilidades operativas, proteger la reputación institucional y generar confianza ante entidades regulatorias y terceros.

El incumplimiento, además de las sanciones económicas, puede dar lugar a investigaciones administrativas, por parte de la Superintendencia, lo que eleva los riesgos para empresas que aún no han adaptado sus sistemas de gestión del riesgo.